Durante décadas permanecieron colgadas en las paredes de los museos o almacenadas en depósitos estatales, sin que su procedencia fuera realmente cuestionada. Hoy, medio siglo después del fin de la dictadura de Francisco Franco, España ha comenzado a devolver parte de las obras de arte confiscadas durante la Guerra Civil y los años del franquismo: un proceso todavía fragmentario, carente de un marco normativo plenamente definido, pero que está reabriendo una herida histórica que permaneció durante mucho tiempo sin resolver. El punto de inflexión llegó con la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, una normativa que amplía las medidas de reparación para las víctimas de la dictadura y dispone, entre otras cuestiones, la investigación de los bienes incautados durante el conflicto y el régimen franquista.
En el ámbito artístico, el primer gran protagonista de este proceso ha sido el Museo del Prado, que en los últimos años inició una revisión interna de las obras incorporadas a sus colecciones en circunstancias poco claras entre las décadas de 1930 y 1940, identificando 166 piezas confiscadas ilegalmente durante el régimen. Entre ellas figuran pinturas de artistas como Joaquín Sorolla y Pedro Atanasio Bocanegra, así como tablas y obras religiosas procedentes de iglesias y parroquias rurales.
El pasado mes de abril, por ejemplo, el museo devolvió dos tablas confiscadas en 1938 a las parroquias de Yebes y Pareja, dos pequeñas localidades de Castilla-La Mancha. Los fragmentos de una Anunciación del siglo XVI restituidos a Pareja nunca habían sido expuestos, mientras que la obra devuelta a Yebes, Cristo ante Pilato del Maestro de Lupiana, había sido exhibida en las salas dedicadas al gótico español del Prado.
Para comprender el alcance de estas restituciones es necesario remontarse a los años de la Guerra Civil y, más concretamente, a julio de 1936, pocos días después del golpe de Estado que desencadenó el conflicto. En aquel momento, el gobierno republicano creó el Consejo de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, organismo encargado de poner a salvo el patrimonio cultural amenazado por la guerra. Miles de obras fueron trasladadas a depósitos temporales, incluidas aquellas pertenecientes a museos, palacios, parroquias e importantes colecciones privadas.
Tras la victoria franquista, sin embargo, una parte considerable de esos bienes nunca regresó a sus propietarios originales. Muchas obras fueron absorbidas por las colecciones públicas; otras terminaron en edificios administrativos, iglesias o en manos de funcionarios y simpatizantes del régimen.
Después de la publicación de las investigaciones de Arturo Colorado Castellary en 2021, el proceso de revisión de procedencias cobró impulso rápidamente, y el propio Prado contactó al investigador para llevar a cabo una investigación interna. Apenas un año después se aprobó la Ley de Memoria Democrática impulsada por Sánchez. El Prado se convirtió así en la primera institución pública en afrontar abiertamente el problema, publicando ese mismo año su primer inventario y actualizando periódicamente en su sitio web la lista de obras confiscadas. El Ministerio de Cultura inició sus investigaciones en 2024 y hasta ahora ha identificado más de 7.000 objetos confiscados que permanecían bajo su custodia.
Quien reconstruyó sistemáticamente esta historia fue Colorado Castellary, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores especialistas en obras de arte saqueadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Sus investigaciones, iniciadas en 2008 durante un estudio sobre la evacuación de las colecciones del Prado a Ginebra durante la guerra, permitieron identificar más de 26.000 objetos confiscados, de los cuales aproximadamente un tercio nunca fue restituido: más de 3.300 obras continúan desaparecidas y, según el investigador, muchas de ellas podrían encontrarse todavía en colecciones privadas formadas durante la dictadura.
Además, la legislación española actual obliga a investigar la procedencia de las obras, pero no define con claridad los procedimientos para las compensaciones o las transferencias de propiedad. Un caso emblemático fue el que, a finales de 2024, marcó las primeras restituciones concretas: el de los herederos de Pedro Rico, alcalde de Madrid durante la Guerra Civil y exiliado en Francia tras la victoria franquista. Por este motivo, el régimen confiscó todos sus bienes, incluida su colección de arte. Gracias a las investigaciones de Colorado Castellary, sus nietos, Francisca y Pedro Rico Gómez, pudieron iniciar los trámites para recuperar cinco obras conservadas en distintos museos españoles. El año pasado, otros siete cuadros fueron restituidos por el Prado, el Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional del Traje de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de Bellas Artes de Valencia y el Museo de Málaga.
La ausencia de precedentes también complica especialmente el proceso. Como ha señalado la abogada Laura Sánchez Gaona, que sigue varios casos de este tipo, España nunca había desarrollado procedimientos extrajudiciales para la restitución de obras confiscadas presentes en museos públicos.
Para España, la cuestión sigue siendo profundamente interna y está relacionada con la forma en que el país decide enfrentarse hoy a las herencias materiales del franquismo. El hecho de que este debate pase también por los depósitos de los museos demuestra hasta qué punto la historia de las colecciones públicas suele ser inseparable de la historia política que las produjo.
Este artículo fue publicado originalmente en exibart.com
