Tras la huelga indefinida convocada por un grupo de trabajadores del Museo Reina Sofía de Madrid, también en Barcelona se ha abierto el debate sobre los procedimientos mediante los cuales se seleccionan las direcciones de las principales instituciones culturales. El reciente nombramiento de Valentín Roma como director del MACBA ha reactivado una discusión que desde hace tiempo involucra a asociaciones profesionales, agentes culturales y administraciones públicas en torno a cuestiones como la transparencia, la independencia de los comités de selección y la aplicación de las denominadas “buenas prácticas”.
La elección de Roma, aprobada por el Consell General del Consorci del museo, llega al término de un concurso al que se presentaron 21 candidatos, de los cuales cuatro accedieron a la fase final. Escritor, historiador del arte y filósofo, antiguo conservador jefe del MACBA entre 2013 y 2015 y director de La Virreina Centre de la Imatge desde 2016, Roma fue seleccionado por un proyecto que el jurado consideró «sólido, coherente y riguroso». Su regreso al museo inaugura una nueva etapa para la institución tras la conclusión anticipada del mandato de Elvira Dyangani Ose, actualmente directora artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dhabi.
Sin embargo, el nombramiento estuvo precedido por un duro comunicado difundido por la Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC), la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC) y el comité de empresa del MACBA. Las organizaciones cuestionaron no tanto el perfil del candidato elegido como el propio proceso de selección, denunciando problemas relacionados con la composición del jurado, la ausencia de especialistas internacionales, la falta de criterios de evaluación públicos y cuantificables y el carácter meramente consultivo de la comisión encargada de valorar los proyectos.
Según las asociaciones, estos elementos contravienen el Código de Buenas Prácticas para los concursos de dirección de instituciones culturales. Las críticas ya habían sido formuladas en meses anteriores, cuando las organizaciones solicitaron una reunión con la dirección del museo para debatir posibles modificaciones en las bases de la convocatoria. Una petición que, según denuncian, no produjo ninguna revisión sustancial del procedimiento.
El caso del MACBA no constituye, sin embargo, un episodio aislado. En los últimos años, Barcelona se ha convertido en el principal escenario de confrontación entre el sector cultural profesional y el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), organismo municipal responsable de las políticas culturales de la ciudad.
Ya en 2024, ACCA y PAAC habían cuestionado el concurso para la dirección del Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats, criticando la limitada duración del contrato, la ausencia de garantías operativas y la falta de transparencia en la composición del comité evaluador. Un año después, nuevas polémicas acompañaron la convocatoria para la dirección del Museu del Disseny de Barcelona. En aquella ocasión, las asociaciones profesionales identificaron quince presuntas vulneraciones del Código de Buenas Prácticas, denunciando la ausencia de miembros independientes en la comisión, la falta de parámetros de evaluación claros y la posibilidad de proceder al nombramiento sin la presentación obligatoria de un proyecto museístico.
El Ayuntamiento de Barcelona y el ICUB han defendido siempre la corrección formal de los procedimientos adoptados, sosteniendo que cumplen plenamente con la normativa vigente. Sin embargo, para las organizaciones profesionales el problema no radica en la legalidad administrativa de los concursos, sino en su nivel de transparencia, independencia y calidad profesional.
Una tensión que también se hizo evidente en el caso del Centro Cultural Can Felipa, histórico espacio dedicado a las prácticas artísticas emergentes de la ciudad. En 2025, la PAAC denunció la opacidad del proceso de adjudicación de la coordinación del programa de artes visuales y el progresivo deterioro de las condiciones laborales vinculadas a las tareas de comisariado y dirección artística. También entonces, las asociaciones afirmaron haber señalado previamente las deficiencias a las instituciones implicadas sin obtener cambios sustanciales.
Cuestiones similares han surgido también fuera de Cataluña, como en el reciente caso del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela, donde diversas organizaciones cuestionaron el procedimiento que condujo al nombramiento de Eva López Tarrío, o en el debate sobre la gestión del Centre d’Art La Panera de Lleida, donde el sector denunció el uso de fórmulas contractuales consideradas inadecuadas para cargos directivos.
Todos estos episodios dibujan una cuestión estructural que atraviesa el sistema cultural español. Durante las dos últimas décadas, el sector ha desarrollado códigos y herramientas de autorregulación destinados a limitar la discrecionalidad política en los nombramientos y garantizar procedimientos más abiertos y profesionales. Sin embargo, su aplicación sigue siendo irregular y carece de carácter vinculante.
El nombramiento de Valentín Roma vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión más amplia que afecta a muchas instituciones culturales públicas: ¿hasta qué punto están dispuestas las administraciones a convertir los principios de las buenas prácticas, de simples referencias teóricas, en criterios verdaderamente determinantes dentro de los procesos de decisión?
Una pregunta que en Barcelona volverá a cobrar actualidad muy pronto con los futuros concursos para las direcciones de La Virreina Centre de la Imatge y del Centre d’Art La Capella.
Este artículo fue publicado originalmente en exibart.com
