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El jueves 15 de octubre, el Museo Nacional de Colombia amaneció con las paredes vacías. Tres salas, más de treinta afiches, fotografías y objetos desaparecidos, ni una cartela que explicara por qué. Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella anunciaba una «contrarrevolución cultural» y una cruzada contra el «wokismo». No hace falta mucha imaginación para unir los puntos: lo ocurrido en el museo permite entender cómo concibe el nuevo gobierno el papel de la cultura, y eso es lo que preocupa.

Lo que se llevaron

No fue un recorte al azar. De la sala Hacer sociedad salieron al menos diez objetos sobre la historia de los movimientos LGBTIQ+ y feministas: la bandera arcoíris que la activista Elizabeth Castillo llevó a los debates sobre matrimonio igualitario en el Congreso, un afiche de la marcha del orgullo de 2006 y materiales de campañas por el aborto y contra la violencia hacia las mujeres. Junto a esa sala se retiraron los afiches de campaña de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado por paramilitares en 1990, y de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de paz asesinado ese mismo año. Y se desmontó un muro entero dedicado a «De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016», con el «Balígrafo», la pluma hecha con una bala con la que se firmó el acuerdo con las FARC. Mujeres, disidencias sexuales, víctimas de la violencia política, la paz. Cada pieza retirada pertenece a una lucha, y en cada caso el Estado eligió ponerse del lado del silencio.

Una curaduría se revisa con investigación, comités y justificación pública. Esto se hizo al revés. Según La Silla Vacía, la orden salió directamente del Ministerio de Cultura, y el secretario general de la cartera, Julián Sterling, y la directora encargada del museo, Constanza Toquica, habrían elegido las obras que serían retiradas a puerta cerrada, sin pasar por los comités curatoriales. Trabajadores del museo hablaron bajo anonimato por miedo a represalias; otros dijeron a AFP que tienen prohibido hablar. Mientras tanto, se pintaban las paredes vacías para borrar las huellas y se cerraba el espacio por una supuesta «renovación». Siete días después, nadie ha dicho dónde están las piezas ni cómo se las conserva. Una institución que debe custodiar la memoria de un país está trabajando bajo órdenes y con miedo. Eso, aunque lo llamen de otra manera, es intervención política directa sobre un museo.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, dice que el museo no puede ser un instrumento de adoctrinamiento ni de revictimización, y que hay que proteger a los niños del «material sensible». ¿Qué tiene de sensible una bandera arcoíris o un afiche de campaña? No lo explicó. Más grave aún: la ministra invocó los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición para justificar el retiro, cuando uno de los afiches retirados lleva exactamente esa consigna, como señaló La Silla Vacía. El presidente fue más directo al exponer las razones ideológicas de la intervención: habló de impedir que la cultura sea capturada por el “socialcomunismo ateo».

Tampoco resiste el argumento de que se trataba de una sala sesgada. Elkin Rubiano, director de Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, recordó en El Tiempo que el guion de Hacer sociedad fue revisado en 2019, bajo el gobierno de Iván Duque, con cuatro comités curatoriales. No era la sala de un oficialismo de izquierda: era el resultado de un trabajo profesional que atravesó varios gobiernos. Y la ley es clara: la Ley General de Cultura prohíbe al Estado ejercer censura sobre el contenido ideológico y artístico de los proyectos culturales, y la Corte Constitucional defendió en 2015 la libertad de expresión artística en el caso de Mujeres ocultas, del Museo Santa Clara. En ese contexto, la Corte rechazó una tutela impulsada por el ciudadano Fernando Beltrán y colectivos católicos que buscaban censurar la exposición. El tribunal determinó que el Estado no puede prohibir obras controvertidas ni hacer prevalecer las sensibilidades religiosas sobre el pluralismo cultural.

La respuesta fue la fuerza

Frente a la intervención estatal en el Museo Nacional el sector cultural respondió. Los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín, entre otros, firmaron un pronunciamiento en el que rechazan el retiro «por razones ideológicas» y recuerdan que un museo debe permitir acceder y reflexionar sobre la complejidad de la historia, también la que incomoda. Colombia Diversa y decenas de colectivos denunciaron el borrado. Y el sábado 17, alrededor de quinientas personas se plantaron frente al museo con reproducciones de las obras retiradas.

La respuesta oficial fue más de cuarenta uniformados, una tanqueta de la Unidad Nacional Antidisturbios y un vehículo lanzaaguas. El domingo, lo mismo. La Defensoría del Pueblo calificó el despliegue de «innecesario y desproporcionado». Medios locales informaron que fue la Secretaría de Gobierno de Bogotá la que autorizó el ingreso de los vehículos: la Alcaldía también tiene algo que explicar.

Esto no se detiene en el Museo Nacional

No es un episodio aislado. En el mismo anuncio, el presidente propuso renombrar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como «de Cultura y Patrimonio». El proyecto de presupuesto 2027 prevé un recorte cercano al 30 % para la cartera. El Instituto Caro y Cuervo quedó en manos de un director repudiado por más de cien egresados por usar los canales de la institución para expresar posturas morales y religiosas personales. Y la ministra ya anunció que la museología y la curaduría de los espacios a su cargo están siendo «evaluadas y rediseñadas». Si el Museo Nacional fue el primero, ¿cuál será el siguiente? ¿Qué se dejará de mostrar, de comprar, de financiar?