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El debate sobre la moderación de contenidos en Internet vuelve a interpelar al mundo del arte contemporáneo. La artista, periodista y activista estadounidense Emma Shapiro, residente en España, ha emprendido acciones legales contra Meta después de la eliminación definitiva de su cuenta de Instagram @nipeople, parte integrante del proyecto artístico Exposure Therapy, iniciado en 2017 para denunciar el trato desigual reservado a los cuerpos femeninos en las plataformas digitales. Al implicar la interpretación del Digital Services Act, el reglamento de la Unión Europea que establece las normas sobre seguridad en línea y transparencia, el caso va más allá de la libertad de expresión artística y afecta a las responsabilidades de las grandes plataformas de redes sociales en la gestión de contenidos.

Un proyecto nacido para cuestionar la censura del cuerpo

Exposure Therapy parte de una constatación ya más que conocida: en las redes sociales, el pezón femenino sigue siendo censurado como contenido potencialmente pornográfico, mientras que el masculino no. De ahí surge la pregunta que atraviesa todo el proyecto: ¿un cuerpo es realmente pornográfico en sí mismo o es la sociedad la que lo convierte en tal?

Para abordar esta cuestión, Shapiro invitó a mujeres y personas que se identifican con un cuerpo femenino a enviar fotografías de sus propios pezones, que posteriormente fueron transformadas en adhesivos distribuidos gratuitamente por todo el mundo. Colocados en el espacio público, estos adhesivos pretenden normalizar la representación del cuerpo y cuestionar un sistema de normas que discrimina entre desnudos considerados aceptables y desnudos prohibidos. En 2018 nació también @nipeople, archivo digital del proyecto y espacio de debate público sobre las discriminaciones de género relacionadas con la representación del cuerpo.

La eliminación de la cuenta y la batalla legal

El 8 de diciembre de 2025, Meta eliminó definitivamente la cuenta después de haberla suspendido el día anterior. El motivo de la medida no habría sido la publicación de fotografías explícitas, sino un breve vídeo que mostraba una farola cubierta con los adhesivos del proyecto. Según Meta, el contenido habría infringido las normas sobre la «Integridad de la cuenta», una justificación que, según los abogados de la artista, nunca fue explicada de manera clara.

Asistida por Avant-Garde Lawyers – AGL, un despacho especializado en casos de censura artística, Shapiro presentó un recurso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la autoridad española competente para la aplicación del Digital Services Act, sosteniendo que Meta no había respetado las obligaciones establecidas por la normativa europea en materia de transparencia, proporcionalidad y derecho a un recurso efectivo. Paralelamente, también se inició un procedimiento de resolución extrajudicial a través de User Rights, organismo europeo dedicado a las controversias sobre moderación de contenidos.

La cuestión jurídica es relevante porque no se refiere únicamente a la eliminación de contenidos individuales, sino a la supresión del archivo digital completo de una artista, con la consiguiente pérdida de años de trabajo, público, relaciones profesionales y visibilidad.

Como ha declarado Shapiro, el problema es, sin embargo, sistémico: cuando los artistas no pueden prever cómo se aplicarán las reglas de las plataformas, a menudo terminan autocensurándose incluso antes de crear.

Un debate que parece pertenecer a otra época

Sin embargo, hay un aspecto casi paradójico en este caso. En 2026, seguir debatiendo sobre la censura de los pezones en Instagram transmite la sensación de estar asistiendo a una especie de arqueología de Internet. Vivimos, en efecto, en un ecosistema digital en el que la violencia verbal, psicológica y simbólica está ampliamente normalizada. En las redes sociales circulan a diario imágenes de guerra, no solo con fines informativos sino a menudo también propagandísticos, además de discursos de odio, campañas de desinformación, intimidaciones más o menos veladas y contenidos agresivos de carácter racista, que casi siempre escapan a los sistemas de moderación o, en el mejor de los casos, son eliminados con extrema lentitud. En cambio, el cuerpo desnudo —o semidesnudo— con fines artísticos continúa siendo uno de los principales objetivos de los algoritmos.

Mientras la violencia es progresivamente asimilada como un elemento ordinario de la comunicación en línea, difundida en muchos casos también por canales oficiales que basan precisamente en el odio su representación política y social, la imagen del cuerpo sigue sometida a controles extremadamente estrictos. Esta anomalía recuerda episodios que parecían pertenecer a la época de los primeros debates sobre la moderación algorítmica.

Cuando Instagram censuraba incluso el dibujo del natural

Por ejemplo, durante el confinamiento de 2020, la BBC lanzó Life Drawing Live, una clase de dibujo del natural retransmitida en directo por televisión y streaming, invitando al público a compartir en las redes sociales sus trabajos con el hashtag #LifeDrawingLive. En plena pandemia, la iniciativa tenía como objetivo mantener viva una práctica artística fundamental y crear una forma de participación colectiva en un momento de aislamiento global. Y, sin embargo, al buscar aquel hashtag en Instagram aparecía un aviso que se convertiría en emblemático: «Las publicaciones recientes de #LifeDrawingLive están actualmente ocultas porque la comunidad ha denunciado algunos contenidos que podrían no cumplir las normas comunitarias de Instagram».

¿El motivo? Entre los dibujos aparecían desnudos académicos, uno de los temas más antiguos de la historia del arte occidental, desde la escultura clásica y los talleres renacentistas hasta las academias contemporáneas. La plataforma, «incapaz» de distinguir entre pornografía y práctica artística, terminaba así ocultando un ejercicio didáctico que constituye uno de los fundamentos de la formación artística.

La libertad artística en la era de la moderación algorítmica

El caso de Emma Shapiro demuestra que este conflicto está lejos de haberse superado: toda la infraestructura de la presencia en línea de los artistas —y de los usuarios— depende de decisiones, a menudo opacas o arbitrarias, tomadas por las plataformas. Para quienes trabajan en el arte contemporáneo, una cuenta de Instagram también representa un archivo, un portafolio, una red profesional y, además, un posible espacio de debate público. Su eliminación equivale a menudo a perder años de investigación y oportunidades de intercambio.

¿Quién establece hoy los límites de la libertad de expresión cuando la principal plaza pública coincide con plataformas privadas gobernadas por sistemas de moderación cuyos mecanismos resultan insondables incluso para el propio público?

Una respuesta podría llegar precisamente del procedimiento abierto en España, destinado a convertirse en uno de los primeros casos en los que el Digital Services Act se utiliza para poner a prueba el poder de las grandes plataformas en la gestión de la expresión artística.

El procedimiento iniciado por Emma Shapiro llega, además, en un momento en el que la Unión Europea está demostrando una voluntad creciente de someter a las grandes plataformas digitales a un control efectivo, relacionado también con la competencia, además de con la moderación de contenidos. El 23 de julio de 2026, la Comisión Europea impuso a Google una multa total de 890 millones de euros por infracciones del Digital Markets Act: 460 millones corresponden al trato preferencial otorgado a Google Search, mientras que el resto está relacionado con las restricciones impuestas a la competencia a través de Google Play.

 

Este artículo fue publicado originalmente en exibart.com.